Un total de 73 familias consiguieron hoy la propiedad de la vivienda protegida en la que residían en régimen de alquiler por 9.000 euros

El director del Instituto Canario de Vivienda, Jerónimo Fregel, presidió hoy lunes, 24 de septiembre, el acto por el que 73 familias canarias, adjudicatarias de una vivienda de promoción pública en régimen de alquiler en diferentes promociones de la isla de Gran Canaria y también de Fuerteventura han conseguido acceder a la propiedad a través de las diferentes ofertas que en los últimos años ha realizado el Gobierno de Canarias.

Fregel destacó que  “el acceso a la vivienda para las familias con más dificultades económicas y sociales es el pilar fundamental para conseguir la inserción social”.

“La apuesta del Gobierno de Canarias ha sido convertir las políticas de vivienda  en políticas sociales diseñando actuaciones que cubran prioritariamente las necesidades de las familias con menos recursos”

 El actual Plan de Vivienda de Canarias ya ha llegado en sus tres primeros años de ejecución a cerca de 30.000 familias de la isla de Gran Canaria lo que supuso movilizar casi 600 millones de euros en materia de alquiler, compra, rehabilitación y obra nueva entre 2009 y 2011.

La mayoría de las 73 familias que hoy firman sus escrituras en la isla han contado con la subvención del Gobierno de Canarias del 50%, por lo que consiguen la propiedad por un precio medio de 9.000 euros.

Fregel resaltó el marcado carácter social de la normativa canaria en esta materia y explicó que “con la firma de hoy, en lo que llevamos de año ya son cerca de 400 familias, sólo en las islas orientales, las que han conseguido la propiedad de la vivienda social en la que residían en régimen de alquiler”.

Desde el año 2007 ya son más de 3.000 familias residentes en las islas orientales, cerca de  6.000 en toda Canarias, las que han accedido a la propiedad de la vivienda social en la que residían en régimen de alquiler a través de estas condiciones.

“Con esta normativa –precisó- el Gobierno subvenciona el 50% del precio total y las familias consiguen la propiedad por cantidades que oscilan entre los 6.000 y 12.000 euros, según el tamaño de la vivienda”.

En el caso concreto de la firma que hoy se realizó,  son en su mayoría viviendas que  fueron entregadas en la década de los años 80, y que están ubicadas en diferentes promociones de la isla de Gran Canaria, en los municipios de Agaete, Firgas, Arucas, Gáldar, Ingenio, Santa Lucía y en las Palmas de Gran Canaria, y en la isla de Fuerteventura, en Puerto del Rosario y  Tuineje.

El importe de la subvención aplicada a la mayoría de las viviendas ha sido el equivalente al 50% del precio inicial, que fue calculado en el momento de serles adjudicadas, por lo que han obtenido la propiedad por un precio medio que oscila entre los 6.000 euros de las viviendas de 60 metros cuadrados y los 12.000 euros de las viviendas de 90 metros cuadrados de superficie.

De este precio se les descuentan las mensualidades que han abonado durante el tiempo que han sido adjudicatarios de la vivienda en alquiler y además, se les dan facilidades de pago aplazadas que van de los 5 hasta los 25 años.
Cerca de 30.000 familias en Gran Canaria. El Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012 ha realizado en sus tres primeros años de ejecución  un total de 29.285 actuaciones en la isla de Gran Canaria, 16.701 en Las Palmas de Gran Canaria, lo que supuesto movilizar en la isla 589.225.211,05 euros en materia de vivienda.

En cuanto a las actuaciones prioritarias del Plan, rehabilitación y alquiler, en Gran Canaria se realizaron entorno a 20.000 actuaciones lo que permitió la concesión de 13.051 ayudas para el fomento del alquiler y la rehabilitación de 7.284 viviendas. En la capital grancanaria se rehabilitaron 4.616 viviendas y se concedieron 8.507 ayudas de alquiler.

 “A pesar de  las dificultades por las que las administraciones públicas estamos atravesando   el Gobierno mantiene su política de vivienda estableciendo prioridades, como son el alquiler, la rehabilitación y la atención a los colectivos preferentes en el que destaca el de los jóvenes, familias en riesgo, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y al mismo tiempo coadyuva a la cohesión social, como al sostenimiento de la economía y el empleo”.