El BEA es uno de los pocos centros que certifican el origen de las especies que custodian cumpliendo con la normativa del Protocolo de Nagoya.

“Los países deben ser capaces de proteger sus recursos naturales no sólo para evitar que la entrada de endemismos externos rompan el precario equilibrio de su naturaleza, sino para intentar que garantizar que la riqueza que se obtenga de la investigación aplicada que se desarrolla con los mismos, se quede también en dicho país; tenemos que evitar la biopiratería que incrementa la brecha entre los países que cuentan con los recursos naturales y aquellos que tienen la posibilidad de trabajar con ellos”, según puso hoy de manifiesto el doctor Alejandro Lago, director de la Cátedra Unesco de Territorio y Medio Ambiente, en el curso de un seminario sobre biodiversidad y riqueza sostenible, que ha tenido lugar en el Banco Español de Algas.

El doctor Lago centró su intervención en la necesidad de que los 93 países que se han adherido al Protocolo de Nagoya sobre conservación de la biodiversidad desde que fue redactado en el 2010, “procedan a ratificarlo a la mayor brevedad posible, ya que sólo 5 países han culminado ese proceso hasta el momento, y la práctica totalidad de los mismos pertenecen al continente africano”.

Lago señaló con satisfacción que el Banco Español de Algas está cumpliendo escrupulosamente todo lo contenido en el Protocolo de Nagoya, ya que tiene perfectamente identificado el origen de cada una de las muestras que custodian, por lo que cada investigación que se realice con ellas se sabe a quién corresponde la tasa de retorno de los beneficios que se puedan generar de dicha investigación.

“La biopiratería que ahora se produce es difícil de controlar, porque yo no cruzo una frontera llevándome un árbol, sino unas hojas o unas flores, lo suficiente para investigar sobre los beneficios en medicina, cosmética, biocombustibles, etc, de dicho recurso y, consecuentemente, la riqueza que se derive de esa investigación no irá a parar al entorno de donde partieron esas hojas o flores, sino a los países que cuentan con la investigación”, reconoció Alejandro Lago.

“Recientemente Brasil impuso multas por un total de 44 millones de dólares a 35 empresas que incumplieron su normativa nacional en materia de protección de sus recursos, pero Brasil sólo puede actuar así con sus propias empresas, no con todas aquellas que lleguen a su país y, sin comunicarlo siquiera, extraigan recursos genéricos para ser explotados en el exterior; se trata de un primer paso, pero aún es muy pequeño, en la lucha contra la biopiratería”

Para los asistentes al seminario celebrado en el Banco Español de Algas, el Protocolo de Nagoya es, sin duda, un paso adelante para poner freno a la biopiratería, entendida ésta como la apropiación indebida de recursos genéticos sin la autorización de los países de los cuales proceden, y una apuesta por reducir la brecha tecnológica entre países en vías de desarrollo, ricos en biodiversidad (proveedores de recursos genéticos), y países desarrollados (usuarios de recursos genéticos) y conseguir incentivos reales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.