El consejero insular de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, destaca las pérdidas económicas que genera a las empresas el “absentismo obligatorio”

El consejero de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Efraín Medina, advierte de la pérdida de productividad que ocasiona a las empresas la obligatoriedad de presentar el certificado de residencia a la hora de viajar. Esta medida adoptada por el Ministerio de Fomento y que entró en vigor el pasado día 1 de septiembre, ha generado numerosas incomodidades a los viajeros, “devolviéndonos a tiempos pasados y obstaculizando la movilidad a los residentes canarios”, señal Medina.

A los perjuicios a los residentes hay que sumar las pérdidas en productividad que genera a la empresa el absentismo obligatorio que lleva a los trabajadores a perder parte de su tiempo laboral y trasladarse al ayuntamiento correspondiente para adquirir, previo pago de unas tasas,  el certificado de residencia.

A lo largo del mes de agosto las oficinas municipales registraron largas colas de usuarios que mostraban públicamente sus quejas ante una medida que supone un retroceso y un agravio para todos los que necesitan viajar por una u otra razón, ya sea en un trayecto corto entre islas o bien para viajes más largo, perjudicados sin razón por vivir en un territorio insular. Es más, al pago de las correspondientes tasas por expedir este certificado se suman también los gastos de desplazamiento hasta los respectivos consistorios y la pérdida de tiempo añadida en grandes colas. Este tiempo perdido repercute en muchos casos en la productividad empresarial que en estos tiempos resulta inasumible.

“Este “absentismo obligatorio”, provocado por una medida más que discutible en cuanto a que minimizará el fraude, ha ocasionado una gran pérdida de productividad al sector empresarial que ya cuantifica en millones de euros las mermas ocasionadas”, recuerda Medina.

“En definitiva, el Ministerio de Fomento ha sumado una nueva categoría a las causas del ausentismo laboral en unos momentos de grave crisis económica y de muy malos tiempos para las empresas y la empleabilidad, una medida cuya repercusión económica no se podrán cuantificar con precisión, pero que tendrán de seguro un efecto multiplicador. Una medida que se aplicó sin antes haber evaluado las consecuencias nefastas de su decisión”, concluye el consejero insular.