El PP pide votar por separado las correcciones de la COTMAC, ante las “irregularidades del documento”

Cristina Tavío advierte a Bermúdez que “será el único responsable de las futuras reclamaciones a las que pudiera dar lugar esta chapuza”

Asegura que el PP “seguirá actuando con responsabilidad y coherencia hasta el final, a pesar de que este no es nuestro Plan”

El Partido Popular reiteró esta mañana que no prestará su respaldo al expediente del Plan General (PGO) de Santa Cruz, debido a las alteraciones introducidas por el equipo de Gobierno en el documento final, que lejos de arreglar el conflicto del fuera de ordenación, pospone su solución hasta cuatro años a partir de la aprobación del plan.

La portavoz municipal y vicesecretaria regional del PP de Canarias, Cristina Tavío, compareció en rueda de prensa acompañada por los concejales Ana Zurita y Carlos Garcinuño –arquitectos ambos-, para pedir públicamente al alcalde que permita votar por separado las correcciones exigidas por la COTMAC, -las únicas que estarían dispuestos a apoyar-, con el objeto de despejar cualquier duda sobre la legalidad del expediente y evitar reclamaciones futuras.

“El Partido Popular seguirá actuando con responsabilidad y coherencia hasta el final –aseguró Tavío-, a pesar de que este no es nuestro Plan General, porque la ciudad no se merece el daño que se le está haciendo, pero no vamos a ser cómplices de una chapuza administrativa que con toda seguridad empeorará las cosas más de lo que están”.

La portavoz municipal y vicesecretaria del PP de Canarias, Cristina Tavío, advirtió que “sería un grave error aprobar el expediente de esta manera, porque la propuesta que lleva Bermúdez al Pleno empeora el Plan General, tiene menos consenso, no soluciona el problema del fuera de ordenación, le añade inseguridad jurídica al proceso y abre la puerta a nuevas reclamaciones”.

En cuanto al conflicto del fuera de ordenación, la concejal popular Ana Zurita aclaró que “el grupo de Gobierno miente al asegurar que la solución está incluida en el Plan que vamos a aprobar”. “Muy al contrario –añadió- la propuesta recogida en el informe de la Gerencia de Urbanismo remite el catálogo del fuera de ordenación a la tramitación de un Plan Especial, que según la disposición transitoria 1ª 7 del documento de revisión del PGO se tramitaría durante el primer cuatrienio”.

Según Zurita, el concejal de Urbanismo “ha perdido un año para proponernos ahora la misma solución de hace 20 años, porque con esta propuesta las viviendas fuera de ordenación quedarán en la misma situación que con el Plan General 92, que es el que causó el problema”.

A juicio de los populares estamos ante “una auténtica chapuza, que el pacto CC-PSOE ha improvisado en el tiempo de descuento, para colarle un gol a Santa Cruz, cuando han comprendido que tenían el partido perdido y a la afición en contra”.

Cristina Tavío lamentó que las cosas “se hayan dejado deteriorar de esta manera, forzando la tramitación de un expediente que nunca debió usarse como moneda de cambio en ninguna negociación”. La líder de los populares aseguró que “el alcalde todavía está a tiempo de comportarse como tal y reconducir la situación”, y se comprometió públicamente a respaldar al grupo de gobierno “si la aprobación con las correcciones exigidas por la COTMAC se vota al margen de cualquier otra declaración de intenciones”.

La mayor discrepancia planteada por el Partido Popular se centra en la suspensión de áreas introducida en el último momento en el expediente, que al no estar debidamente justificadas podrían ser causa de nulidad y generar nuevas reclamaciones y derechos indemnizatorios.

A las mismas se refiere el secretario general del Ayuntamiento, quien en su informe jurídico advierte que las áreas suspendidas no podrán “poner en cuestión la coherencia y eficacia ulterior del plan en su conjunto”, y que deberán limitarse a aquellas áreas territoriales o conjuntos normativos “perfectamente distinguibles, sin que por remisiones o referencias cruzadas puedan verse afectados otras áreas o conjuntos normativos que hayan sido aprobados”.

Según explicó la concejal Ana Zurita, la propuesta de suspensión de áreas improvisada por el equipo de Gobierno “no ofrece unas mínimas garantías jurídicas, no solo porque no se justifican debidamente en el expediente, sino que ni siquiera se distinguen con precisión y sin posibilidad de confusión las determinaciones suspendidas de las aprobadas”, como exige la Ley y también cita el secretario municipal en su informe jurídico.

En este mismo sentido, la concejal popular explicó que “el informe del secretario de la Gerencia de Urbanismo deja bien claro que el Ayuntamiento quiere acordar directamente la suspensión de esa serie de áreas, cuestión que, aparte de no ser de su competencia, no define ni justifica técnicamente cuales son, ni siquiera se distinguen con precisión. Es como si hubiera un expediente físico y otro virtual, que no va más allá de ser una declaración de intenciones políticas, por lo que entendemos que no se puede mezclar con un instrumento como el Plan General, que debe tener una gran  precisión técnica”.