Luis Alba Vilches rechaza el reparto de partidas presupuestarias de formación para Canarias, porque “tienen más en cuenta el número de empleados públicos que la singularidad del territorio canario”

El director general del Instituto Canario de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Luis Alba Vilches, asistió recientemente en Madrid, a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. En dicha reunión, se aprobó una partida de más de 8.801 millones de euros destinados a los planes interadministrativos presentados por los promotores de la Administración Local y la Federación Española de Municipios y Provincias. En el caso de Canarias, a los Cabildos, ayuntamientos y mancomunidades que fueron aprobados sus proyectos de formación para empleados públicos, le corresponden en total, poco más de 418.000 euros.

Esta situación para Luis Alba Vilches, se debe a “los recortes a los que nos hemos tenido que adaptar todas las Administraciones, pero aún así , se ofertará una formación muy digna, y en la que se potenciará los cursos on line”.

El director general espera que “esta precariedad dure poco tiempo” y por esta razón reclamó que en el reparto de las próximas partidas presupuestarias dedicadas a la formación de los empleados públicos se tenga en cuenta la singularidad de Canarias. Luis Alba Vilches recordó que el Archipiélago es la única autonomía con doble capitalidad y la única con un territorio insular, fragmentado y alejado del continente europeo. Estas características geográficas hacen que los gastos de desplazamiento sean muy superiores a los del resto del territorio nacional.

Luis Alba Vilches rechazó que la financiación se reparta según el número de empleados públicos de las Administraciones, porque en su opinión, perjudica gravemente a Canarias, en donde hay un mayor gasto debido a los desplazamientos entre islas.

Además, en la reunión de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas también se aprobaron también los planes interadministrativos presentados por los promotores de  la Administración General del Estado, y los de las Organizaciones Sindicales.